Las Hermanas de la Providencia, la Provincia Mother Joseph y las Hermanas de Santo Domingo de Tacoma se unen a las religiosas de todo el país que denuncian enérgicamente la cruel decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 200,000 salvadoreños.
Tanto la congregación SP como la OP son miembros de la Leadership Conference of Women Religious (LCWR), una asociación de líderes de congregaciones que representan a más de 38.800 religiosas católicas en Estados Unidos. «Rescatar el TPS de seres humanos bajo amenaza continua de violencia de todo tipo es inconsistente con los valores y tradiciones de esta nación y con nuestra creencia en la dignidad de todas las personas», dijo LCWR en una declaración reciente.
Las Hermanas de la Providencia conocen de primera mano la peligrosa amenaza de violencia a la que se enfrentan los salvadoreños en su propio país. En 1995, al final de la larga guerra civil de El Salvador que causó miles de muertos y la destrucción de la economía nacional, el pueblo salvadoreño luchaba por reconstruir su país y sus vidas. Impulsadas por la caridad de Cristo, las Hermanas de la Providencia establecieron una misión en El Salvador, donde hoy siguen ejerciendo su ministerio en un país cuya realidad social está marcada por el crecimiento de las pandillas juveniles, la violencia en el campo y en las ciudades, y en la consiguiente desintegración de las familias. Las hermanas ofrecen un Programa de Becas Providencia (Beca) que lleva esperanza, la visión de una vida mejor y algunas de las herramientas necesarias para lograrlo a los jóvenes de la región del Bajo Lempa/Jiquilisco.
El programa TPS está diseñado para proteger a las personas de sufrir daños, que es precisamente a lo que se enfrentarán los salvadoreños si son deportados. El Salvador es el país más violento del hemisferio occidental y sigue padeciendo una pobreza endémica y falta de acceso a una educación y una sanidad de calidad. El Salvador es el cuarto país cuyos ciudadanos han sido despojados de su derecho a la protección por la administración del presidente Trump.
«Los titulares del TPS son nuestros vecinos y amigos», dice la declaración de la LCWR. «Han sido miembros activos de nuestras comunidades durante décadas. Rescatar la protección del TPS para los ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, y amenazar a los hondureños con lo mismo, nos pone a todos en peligro. Poner fin a su protección separará a las familias, fragmentará nuestras comunidades y perturbará las economías locales.
«Las hermanas católicas continuarán prestando atención al mandato bíblico de acoger al extranjero y cuidar de los necesitados. Instamos a la administración Trump a reconsiderar sus decisiones y pedimos al Congreso que trabaje de manera bipartidista para desarrollar soluciones legislativas que protejan a las personas vulnerables.»